La situación de los refugiados en España.

El año 2005 ha reflejado de forma dramática las dos claras tendencias de las políticas de asilo en España: por un lado, los solicitantes que acceden al procedimiento de asilo se encuentran con una mejora de la atención administrativa y social pero, por otro, las medidas de cierre de fronteras impiden que muchas personas necesitadas de protección internacional lleguen a nuestro país y accedan al procedimiento de asilo, por lo que el avance indudable de los derechos de los solicitantes de asilo en España se aplica cada vez a menos personas. De este modo, a pesar de los avances producidos en la actuación administrativa, como la sustancial reducción de los porcentajes de inadmisión a trámite de las solicitudes de asilo o el reconocimiento por vez primera de un caso de persecución por violencia de género, el drama vivido en la Frontera Sur revela en toda su crudeza el gran reto de la protección internacional en estos momentos: el acceso al territorio y al procedimiento de asilo. Las muertes en las fronteras de Ceuta y Melilla y el abandono de inmigrantes en el desierto marcan un año que ha puesto de manifiesto las graves consecuencias que pueden acarrear las políticas de externalización. Las impresionantes fotografías de los jirones de ropa adheridos a las vallas de Ceuta y Melilla simbolizan todo lo que se queda en el camino en la travesía hacia el refugio: la universalidad de los derechos humanos. La actividad cotidiana y el contacto directo con los refugiados son las principales fuentes de este análisis, el cuarto Informe anual elaborado por CEAR. Este repaso periódico a los principales asuntos relacionados con el refugio permite retener una visión de conjunto del fenómeno y sus tendencias en España. Sin embargo, no se pretende dar a este Informe 2006 sólo un valor testimonial. La exposición de los problemas, los avances o las insuficiencias detectados van ligados a la propuesta y a la formulación de alternativas. En este sentido, CEAR considera que la nueva Ley de Asilo, anunciada por el Gobierno para 2006, es una gran oportunidad para avanzar en el compromiso de nuestro país con el derecho de asilo y la solidaridad con los refugiados.